Linda I. Colón Reyes, Ph.D.*
ESPECIAL PARA CLARIDAD
Cuando escucho y leo las críticas que los “analistas”, periodistas y políticos de todo tipo hacen del trabajo realizado en la Oficina de Comunidades Especiales el cuatrienio pasado, me pregunto si lo que quieren es cuestionar el grave problema de pobreza existente en Puerto Rico, o si por el contrario lo que desean es utilizarlo para herir a otros. ¿Acaso su preocupación está encaminada a que se conduzca un plan y una acción profunda para terminar con la pobreza o por el contrario su objetivo es acabar con toda posibilidad de acción desde el estado, amparados en críticas, muchas de ellas sin la evidencia y los fundamentos correctos? ¿O acaso su propósito es utilizar las necesidades de los más desprotegidos para hacerle daño a la ex gobernadora? Las agendas ocultas son muchas y diversas y probablemente ninguna tiene como propósito resolver el problema de la pobreza.
A diversas personas de los sectores sociales altos y medios les resulta insólito que se les recuerde que en Puerto Rico hay pobreza o peor aún, que se le asigne un billón de dólares del pueblo para comenzar a atenderla. Si el dinero proviniera de programas federales, tal vez sería bienvenido. No les resulta insólito sin embargo, que se gastaran millones en un coliseo, o en un supertubo (mil millones) para darle agua a Dorado y Toa Alta con el propósito de construir viviendas para millonarios, o en construir infraestructura para que las grandes corporaciones exporten sus ganancias sin reinvertir un centavo en el país. Ese dinero es considerado bien invertido, pues se convierte en ganancias para los desarrolladores, para quienes viven en las lujosas residencias y para las mega corporaciones. Discuten con gran saña y coraje que se ha despilfarrado un billón de dólares, que ese pudo haber sido un buen programa, pero no lo es, que se utilizó como instrumento político porque se daban cursos de “educación popular” y que por culpa de la decisión de atender las comunidades pobres, el crédito de Puerto Rico se ha puesto en peligro. A ellos se les olvida que la deuda per cápita del país es la segunda de América, que adeuda cerca de 40 billones de dólares y que el gobierno de Puerto Rico colocó su crédito en peligro hace más de quince años en los que estuvo bajando la clasificación de los bonos. Esos fondos no los invirtieron en las comunidades pobres; y precisamente por esa razón se encuentran en tan terribles condiciones físicas y sociales.
Los planteamientos elaborados están rodeados de tantas especulaciones, medias verdades y mentiras que explicarlos tomaría un espacio que aquí no tenemos. Sin embargo, en honor a la verdad y a los líderes comunitarios y empleados públicos que nos unimos a soñar y colocar nuestro esfuerzo para dar inicio a la construcción de otro país posible, deseo exponer algunas respuestas a las preguntas que muchos de ustedes deben tener.
El programa de CE nunca planteó terminar con la pobreza en tres años y menos aún acabar con el grave problema de la falta de viviendas adecuadas, que siempre ha existido en Puerto Rico, o con los terribles problemas sociales que acarrea la misma. Tampoco planteó que resolvería el problema de la ausencia de alcantarillado sanitario que existe en el 60% del país. Finalmente, no es correcto decir que utilizó las necesidades de las personas para crearles falsas expectativas y burlarse de sus ilusiones. Pretender estas cosas con un billón de dólares, en tres años es totalmente ilusorio. La Oficina de Comunidades Especiales fue un experimento que se amparó en un nuevo paradigma para hacer frente a la dependencia y a la falta de democracia y de participación de los sectores populares (popular viene de pueblo, de base, no de Partido Popular) en la toma de decisiones. Es, además de un proyecto de justicia en la inversión de los recursos económicos del país, un proyecto de educación y de construcción de capital social. Y digo proyecto en todo el sentido de la palabra, pues éste fue el inicio de un proceso que es muy largo, costoso y difícil. Sufragar sólo, la infraestructura necesaria para esas comunidades, supera por mucho el billón de dólares asignado. En el aspecto social no podemos contabilizar cuánto hay que invertir para construir comunidades saludables y libres de los estragos que provocan la desigualdad y la pobreza.
La realidad es que en Puerto Rico existen cerca de 1.5 millones de personas que viven bajo niveles de pobreza (Censo 2000), 1,037, 237 personas que reciben el PAN (2005-2006) y que en la Comunidades Especiales apenas viven medio millón de ellas. La verdad es que en nuestro país buena parte de los políticos y de la opinión pública, mal creada y peor informada, no tiene interés en que se inviertan los recursos del país en resolver su mayor problema estructural. Hacer frente al problema de la desigualdad social y la pobreza, implica encarar el eterno problema de una economía incapaz de crear empleos bien pagados. Es necesario también, encarar la pésima distribución de ingresos y las difíciles condiciones que generan la dependencia política, psicológica y económica en el país. Más aún, implica hacer frente a la ideología clasista e individualista, que amparada en una crítica “light” a la dependencia de los pobres, utiliza las premisas “maltusianas” y neoliberales que asumen que los pobres nacieron en un mundo ya repartido, y por tanto, no se merecen que les den ni la hora.
Finalmente, es importante enfrentar las actitudes fundamentadas en la ideología de la “dependencia cuponera”, el me tienen que dar, sin aportar nada a cambio ni tener responsabilidad con respecto a la comunidad y el país, que expresan muchos de los residentes de las comunidades. Esta actitud posibilita que los políticos utilicen a los sectores pobres como balón para sus intereses inmediatos a cambio de su voto y lealtad política, sin respetar sus necesidades y condiciones.
Trabajar para resolver el problema de la pobreza empieza por entender la dimensión del mismo. Por esa razón, cuando comenzamos en el 2001 lo primero que hicimos fue analizar las características físicas y socioeconómicas de las Comunidades Especiales. De acuerdo a la información recogida existen 137 arrabales o comunidades urbanas espontáneas en Puerto Rico. Estas áreas se caracterizan por ser comunidades que se originaron, en su mayoría, hace más de 60 años a través de una ocupación no planificada de terrenos que no eran propiedad de las personas que allí construyeron sus viviendas. Son zonas sujetas a un gran prejuicio y exclusión social. Están localizadas en áreas físicas no adecuadas y generalmente tienen problemas estructurales en la construcción y en la infraestructura. Proliferan en ellas las actividades informales, algunas de naturaleza ilegal, el desempleo y la pobreza. Las regiones que tienen el número mayor de tales comunidades lo son la zona metropolitana de San Juan–Guaynabo con 39 comunidades, Ponce con 19 y Aguadilla con 17. Debe destacarse que algunas de estas comunidades requieren inversiones de más de 30 ó 40 millones de dólares para ser debidamente estructuradas. También encontramos entre las comunidades 22 rescates de, o invasiones de, tierra, que tenían entre 8 y 15 años de existencia y en las que no había servicios de agua, luz, teléfono y carreteras.
La OCE llevó a cabo un Censo para producir el perfil socioeconómico de cada una de las 686 comunidades. Se realizaron 67 mil entrevistas, siendo éste el censo más abarcador que se haya hecho en la historia de Puerto Rico. Los indicadores socioeconómicos nos muestran que en las comunidades todos los problemas relativos a la pobreza son los característicos del país pero con sus particularidades. El 35% de la población está constituido por menores de 19 años y el 17.7% por mayores de 60 años de edad. Es significativo además que el 38% de los hogares está encabezado por mujeres solas, 31% de las cuales son viudas. En términos de la escolaridad el 36% de la población tiene escuela superior, 7% bachillerato y 7% un grado asociado, pero un significativo 43% de la población de 25 años o más, no completó la escuela superior.
Los problemas educativos abonan a la problemática del desempleo. El 28% de la población de las comunidades está desempleada y el 58% está fuera de la fuerza laboral. No obstante, un 9% de las personas afirmaron tener un empleo irregular en actividades como hacer alimentos, coser ropa, trabajo de construcción, etc. En términos de los ingresos, el 38% de los hogares tiene un ingreso mensual de menor a los $500.00 y el 28% entre $500 y $1,000, es decir que el 66% de los hogares tiene ingresos mensuales menores a los $1,000. Distinto a lo que pueda pensarse sólo el 35% de los hogares informó que recibían los beneficios del Programa del Pan. Estos perfiles proveen una información valiosa para quienes deseen planificar soluciones específicas y servicios acorde a las necesidades de cada comunidad.
El programa de la OCE se basó en la implantación de un modelo de acción comunitaria: El País Posible, Modelo de Organización Comunitaria para el Apoderamiento y la Autogestión, que tenía el propósito de estimular el fortalecimiento de la capacidad organizativa y la construcción de capital social del liderato voluntario en las comunidades. Dicho modelo descansa sobre tres pilares: la organización para el desarrollo socio-económico comunitario a través de la autogestión y el apoderamiento, el esfuerzo interagencial gubernamental para el servicio de las comunidades y la inversión gubernamental en infraestructura y viviendas para mejorar la calidad de vida en las mismas. A su vez se creó un plan estratégico de seis años al que se le dio seguimiento.
La Oficina de Comunidades Especiales no se creó como una oficina de gobierno más para regalar cosas. La organización comunitaria fue, sin duda alguna, uno de los mayores retos ya que sin la participación ciudadana la misma no habría sido posible. Este proceso de educación y capacitación de adultos fue un esfuerzo novedoso que merece una especial atención. Llegaron a constituirse 668 juntas comunitarias y se organizó el Programa Nacional de Formación de Líderes Comunitarios en el cual, a diciembre de 2004, habían participado 2,225 líderes de talleres de 30 horas y otros 5,000 habían participado de talleres de 8 horas. Estos talleres son una importante herramienta para educar y fortalecer las destrezas democráticas de los líderes comunitarios en materia de organización, liderato, procedimientos parlamentarios, manejo de conflictos, identificación de recursos externos, elaboración de propuestas y la autogestión económica y social.
A través del trabajo interagencial se logró incorporar a las agencias del gobierno en el trabajo directo en las comunidades, asunto nada fácil para burócratas que se conciben como empleados de escritorio de 8 horas. Agencias como el Instituto de Cultura, los Departamentos del Trabajo, Salud y Educación, entre otras, crearon programas dirigidos al servicio a las comunidades. Se invirtieron $35 millones en servicios y proyectos como: Expresarte a todo Rincón, Programa de Comunicaciones de la WIPR, Red de Jóvenes (500), excursiones y visitas culturales, Promotoras de Salud, Salud Compromiso de Vida, adiestramientos de empleo en la construcción, amas de llaves, técnicos de computadoras, técnicas artesanales de mosaicos y costura y la creación de 10 cooperativas de producción y 35 microempresas, entre muchos otros proyectos, fueron el resultado de esta gestión. Además, como parte del esfuerzo para promover el desarrollo económico comunitario, se crearon 3 Centros de Apoyo a la Autogestión y el Desarrollo Económico Comunitario en Arroyo, San Juan y Mayagüez. Estos centros proveyeron talleres, espacio de trabajo y asesoramiento permanente gratuito a los interesados en establecer cooperativas, organizaciones sin fines de lucro o negocios individuales. Para reducir la brecha digital los centros cuentan con 30 computadoras cada uno y se otorgaron talleres para su uso. Con este mismo propósito se asignaron, (Ley para Reducir la Brecha Digital, Proyecto La Tecnología A Tu Alcance) $2,000,000 para el año fiscal 2004-2005 para la instalación de computadoras en 150 centros comunales con acceso a Internet. En diciembre de 2004 se habían instalado en 90 comunidades.
La Ley Núm.1 que creó la OCE, estableció un fondo para la inversión en infraestructura en las comunidades. Entre el 2001 y el 2003 dicho fondo tuvo una asignación de $40 millones provenientes del fondo general. Estos fondos fueron gerenciados y monitoreados por la OCE y para diciembre del 2004 se habían terminado y estaban en proceso de construcción 440 proyectos, (90% terminados). También se invirtieron otros $130 millones provenientes de otras agencias de infraestructura, y más de 70% estaban terminados en diciembre de 2004. Ver Tabla.
Total de inversión: $172,240.206.00
Por supuesto este fondo no era suficiente para alcanzar a todas las comunidades y mucho menos para resolver sus enormes necesidades; por esa razón se creó el Fideicomiso. Al fondo original de $40 millones se le sumaron $690 millones que se están invirtiendo en la restauración de viviendas en 222 comunidades y $310 mil que se están invirtiendo en las otras 464, a razón de 500 mil promedio por comunidad, provenientes del Fideicomiso de los Mil millones. El Fideicomiso se constituyó en una estructura administrativa aparte de la OCE y sus obras de construcción están a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas y del Departamento de la Vivienda. La OCE no administraba dichos fondos, pero las obras realizadas fueron escogidas por los asistentes a sus asambleas comunitarias.
En tres años y medio de existencia la OCE tuvo logros importantes que se pasan totalmente por alto entre tanto ruido politiquero y publicitario. Como en todo proceso hubo errores y enmiendas que hacer que no pretendemos ignorar, ni esconder. Lamentablemente detrás de las críticas, principal pero no exclusivamente, a los proyectos gerenciados por el Departamento de Vivienda, (algunas de ellas muy justificadas), se destruye una propuesta que debe permitir a los ciudadanos que habitan las comunidades especiales dejar de ser instrumento de los partidos políticos para ganar las elecciones.
Los problemas de la desigualdad social y la pobreza son de carácter humano, moral y de justicia económico-social. Es una falta de sensibilidad utilizar las necesidades humanas como objeto político y tratar los sectores pobres como ciudadanos de segunda. Para erradicar la pobreza es necesario incorporar la participación de la población en las decisiones que afectan sus vidas. Las personas y comunidades pobres deben descansar en su propia energía y creatividad para luchar y ganar la batalla contra la pobreza y la exclusión. Esta lucha debe darse en el ámbito de lo político, lo económico, lo social y en la materia de los derechos civiles de las personas pobres. La política de reformas y acciones debe permitir a la gente pobre ganar acceso a factores como la igualdad de género y el desarrollo del poder de las mujeres, la creación de oportunidades de empleo y crédito, la finalización de la violencia y el discrimen en su contra. La reducción de la pobreza requiere de un crecimiento económico a favor de los pobres y en contra de la desigualdad social.
Aquellos que hayan hecho mal uso de los recursos del pueblo, si es que así se demuestra, tienen una responsabilidad ineludible; lo que no debe pasar es que quienes no tienen ningún interés en resolver estos problemas en nuestra nación, se escuden detrás de errores cometidos, para tirar el bebé con el agua y no prestar atención al problema real de la pobreza.