La Oficina de Comunidades Especiales ha estado una vez más ante la opinión pública recibiendo críticas sobre la efectividad y capacidad de trabajo de la misma. Los empleados de esta Oficina nos hemos organizado sindicalmente en el Programa de Solidaridad de la UTIER y estamos en condiciones de expresar nuestra posición sobre las críticas que se han publicado.
Debemos establecer que la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, mejor conocida como: Oficina de Comunidades Especiales, debe distinguirse del Fideicomiso Perpetuo. La primera tiene como función principal crear condiciones para la organización de la comunidad, capacitar a los residentes para su apoderamiento y desarrollo de actividades autogestarias de modo que superen las condiciones socioeconómicas que afectan la comunidad. En ese proceso la comunidad identifica sus necesidades e impulsa proyectos que el gobierno respalda mediante los fondos del Fideicomiso Perpetuo.
El Fideicomiso Perpetuo es una Directoría creada por ley en la cual una serie de jefes de agencias son los responsables de la administración de los fondos y el financiamiento de las obras. Contratan empresas privadas para llevar a cabo las obras y deben supervisar las mismas. Se destacan en esta función el Departamento de la Vivienda y el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Es menester clarificar que la Oficina de Comunidades Especiales no administra ni un solo centavo del dinero asignado a las Comunidades Especiales por vía de lo que se conoce como el Fideicomiso Perpetuo.
Reconocemos que este proceso ha sido utilizado para adelantar intereses políticos por parte de la administración gubernamental y con el mismo interés por la oposición política al señalar las deficiencias. Otro factor negativo al proceso de mejorar las condiciones de vida en las comunidades es el interés privado en desarrollar proyectos en comunidades ya establecidas. Existen casos donde el municipio y los intereses privados se unen en contra de la comunidad para expropiar los terrenos y convertir los mismos en millonarias ganancias para los desarrollistas.
Pro Sol UTIER Capítulo de la Oficina de Comunidades Especiales se reafirma en los verdaderos postulados de la Oficina de Comunidades Especiales, expuestos en la Ley que origina todo el proyecto de Comunidades Especiales, Ley #1, firmada el 1 de marzo de 2001; a saber el apoderamiento y la autogestión comunitaria como pilar y espina dorsal de lo que significa una Comunidad Especial.
El activo principal de una Comunidad Especial es la gente, por lo mismo el desarrollo integral de una Comunidad Especial se define a partir de la participación protagónica y democrática de sus residentes en la vida pública y no exclusivamente por las construcciones físicas, o la cantidad de varilla y cemento en las mismas.
Entendemos que una de las razones no dichas para que los proyectos de infraestructura no se hayan cumplido es la contradicción que existe entre la política legislada a favor de las Comunidades Especiales y el interés del gobierno en promover el negocio de bienes raíces y otros desarrollos de terrenos en Puerto Rico. Si las Comunidades se fortalecen y superan sus condiciones de vida, entonces adquieren títulos de propiedad, sentido de pertenencia, exigen mejoras y tronchan los planes desarrollistas que explotan la pobreza y se benefician de ella.
En ese sentido toda la crítica desatada en contra de la Oficina de Comunidades Especiales es injusta porque la Oficina debe ser fortalecida. No acercándola a la Oficina del Gobernador, sino por el contrario reconociéndole autonomía y dando recursos adicionales para la capacitación de la Comunidad, respaldando proyectos de educación y desarrollo. La Oficina no debe desaparecer, tampoco deben ser transferidas sus funciones a los municipios.
Los empleados, ahora unionados, somos aliados de las Comunidades. Como trabajadores vivimos y sufrimos los mismos retos y limitaciones socioeconómicas que viven las Comunidades Especiales. Las críticas al programa han creado fricciones y malos entendidos en algunos sectores de la Comunidad en el cual ven al trabajador como responsable de las deficiencias de los proyectos no culminados. Precisamente, nuestra función es dar las herramientas para que la Comunidad exija justicia, que se cumpla lo pactado entre gobierno y Comunidad.
Reafirmamos que es nuestro interés defender nuestro empleo y nuestra integridad como empleados que damos un servicio al Pueblo. Nuestros reclamos son el beneficio del Pueblo. Las críticas al Fideicomiso Perpetuo deben ser contestadas por el Gobernador, los jefes de agencias que suscribieron los proyectos y sobre todo a los desarrollistas y contratistas que no han cumplido. Exhortamos a los medios a investigar la ruta del dinero otorgado, quienes se beneficiaron, porque no cumplieron, cuantos otros contratos mantienen con el gobierno, que empresas representan, que bancos los respaldan.
Los empleados unionados nos preparamos para negociar nuestro primer convenio colectivo. Nuestros reclamos y acuerdos a lograr deben garantizar el crecimiento de la Oficina, la mejor utilización de los fondos públicos y un excelente servicio a la ciudadanía.
technorati tags:Comunidades, Especiales

